Una madre con la totalidad de la documentación en regla, con excepción de la autorización del otro progenitor, constituye una escena recurrente en la gestión cotidiana del cuidado. La ausencia de esa firma resulta suficiente para obstaculizar la realización de trámites básicos. Desde gestiones administrativas hasta desplazamientos internacionales, aun cuando la responsabilidad efectiva de la crianza recae de manera exclusiva sobre quien solicita la autorización.
Esta dinámica se verifica en distintos ámbitos institucionales, como oficinas públicas, establecimientos educativos, puntos de control migratorio. Y adquirió renovada visibilidad a partir del caso de Cazzu. Tras su separación de Christian Nodal en 2024, la artista expuso de manera reiterada las dificultades para viajar al exterior con su hija Inti. Esta situación, en abril de 2026, volvió a requerir intervención judicial para habilitar el cumplimiento de su agenda laboral. A ello se suma su cuestionamiento respecto de la cuantía de la cuota alimentaria, la cual, según señaló, resulta insuficiente para cubrir los costos asociados al sostenimiento cotidiano.
La proyección de este caso hacia el ámbito legislativo se materializó en marzo de 2026 en México. Fue cuando la diputada Sandra Arreola Ruiz presentó, en el Congreso del Estado de Michoacán, una iniciativa orientada a contemplar supuestos de incumplimiento persistente de las obligaciones parentales mediante la suspensión provisoria de la responsabilidad parental.
En términos operativos, la propuesta procura habilitar a quien ejerce el cuidado efectivo a adoptar decisiones sin requerir la autorización del otro progenitor en contextos de ejercicio intermitente o ausente del vínculo.
Bajo la denominación de "Ley Cazzu", dicha iniciativa constituyó un antecedente directo para su adaptación en el ámbito argentino. El senador nacional por la provincia de Chubut Carlos Linares impulsó su presentación con un texto elaborado por el colectivo Abogadas Feministas AMBA.
"Cuando una madre o un padre que ejerce el cuidado cotidiano debe recurrir sistemáticamente a la Justicia para realizar actividades básicas, el sistema no está dando respuestas adecuadas", explicó Linares en conversación con Billboard Argentina. En la misma línea, sostiene que "la judicialización permanente no puede constituir la vía de acceso a derechos esenciales". Y enfatiza la necesidad de establecer marcos normativos que garanticen "previsibilidad y celeridad en la toma de decisiones". Asimismo, identifica una asimetría estructural en el régimen vigente: "Existen figuras legales que permiten bloquear decisiones relevantes sin un correlato equivalente de responsabilidades cotidianas. Esa asimetría genera situaciones de abuso de poder".
En consecuencia, el desafío legislativo radica en compatibilizar el reconocimiento de los vínculos parentales con la prevención de prácticas de control o interferencia sobre quien asume la crianza diaria. "Se termina naturalizando que sea la persona cuidadora quien tenga que 'demostrar', 'justificar' o 'pedir permiso', mientras quien obstruye no enfrenta consecuencias equivalentes", agrega el senador, perteneciente al Partido Justicialista.
Los datos disponibles permiten inscribir estas situaciones en un marco estructural más amplio. En Argentina, el 16% de los hogares son monoparentales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que implica que una proporción significativa de unidades domésticas depende de una única persona adulta. Dentro de ese grupo, entre el 80% y el 90% de los hogares se encuentran encabezados por mujeres, lo que evidencia una marcada feminización de las responsabilidades de cuidado. A su vez, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias presenta niveles elevador: más de la mitad de las madres no percibe la cuota cuando el progenitor no convive en el hogar, y esa proporción se incrementa de manera significativa al considerar los pagos irregulares, según datos de UNICEF.
En este marco, la referencia al caso de Cazzu opera como un dispositivo de visibilización y ordenamiento del debate público, al concentrar en una narrativa accesible una problemática que permanece fragmentada en el ámbito judicial y administrativo. "El punto no es la figura pública en sí, sino la situación que visibiliza. Los casos de personas conocidas suelen acelerar debates que ya existen de manera silenciosa en miles de familias", señala Linares, quien subraya que la discusión debe sostenerse con independencia de cualquier nombre propio.
A su vez, introduce una advertencia respecto de los límites de esta visibilización: "El riesgo no está en señalar un caso concreto, sino en quedarnos en el impacto mediático y no avanzar en soluciones de fondo", planteando la necesidad de desplazar el eje hacia una revisión estructural del marco normativo vigente.
A esta dimensión se suma un elemento de legitimación social relevante. La existencia de una petición ciudadana en la plataforma Change.org que reunió miles de firmas en apoyo a la iniciativa. El volumen de adhesiones permite interpretar el reclamo en términos de demanda sostenida, más que como reacción coyuntural. En palabras de Linares, la organización ciudadana en torno a la exigencia de reformas normativas constituye un indicador de insuficiencia del sistema actual. En este sentido, la ausencia de respuesta institucional frente a dicha demanda también configura una toma de posición en el plano político.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase inicial del procedimiento legislativo. Su tratamiento requiere el giro a las comisiones competentes para su análisis, eventual modificación y emisión de dictamen. De obtener media sanción en el Senado, deberá atravesar un trámite análogo en la Cámara de Diputados. Este proceso se inscribe en un contexto político en el que las agendas vinculadas a género y cuidados presentan un nivel de prioridad limitado. "Creemos que estas iniciativas tienen que existir", concluye Linares, situando la propuesta en el marco de una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la regulación del cuidado y la garantía de derechos.
